El otro desafío de la reforma laboral: la mitad de los juicios son por ART y agravan los costos empresarios

Terminar con la denominada “industria del juicio“ es, junto con la urgencia por combatir la informalidad laboral, uno de los argumentos centrales por los que el gobierno de Javier Milei se propuso avanzar con una reforma laboral ambiciosa tras ganar las elecciones legislativas de octubre. Y mientras el Ejecutivo acelera en el diálogo con gobernadores, legisladores, cámaras empresarias y representantes sindicales para definir los ejes de una nueva legislación laboral, se multiplican los reclamos del sector empleador para que la reforma articule medidas que atiendan el incremento incesante de la judicialidad del mundo laboral, que -según alertan- impacta sensiblemente en sus costos.

Ese proceso supone, por una parte, el crecimiento de demandas por condiciones laborales y, por otro, el aumento exponencial de los juicios por riesgos del trabajo, que hoy explican casi la mitad de la litigiosidad laboral.

Según un informe elaborado por la Unión de ART (UART) en base al relevamiento de los juzgados laborales de todo el país al que tuvo acceso Clarín, solo en 2024 se iniciaron 260.969 juicios, de los cuales 134.914 correspondieron a demandas laborales en general distribuidas en un millón de empleadores, en tanto que otros 126.055 juicios ingresados fueron contra el sistema de ART. Para este año las aseguradoras proyectan más de 132.400 nuevas demandas que se suman a un stock de más de 300 mil juicios ya acumulados contra el sistema.

Para graficar la compleja situación y solo considerando el caso de los juicios iniciados este año, el costo de la litigiosidad estimada en el sector equivale a casi 7 millones de salarios mínimos y a algo más del 1,1% de la masa salarial del sistema de ART que en la actualidad involucra más de 10 millones de trabajadores cubiertos.

En términos del costo laboral, el cálculo de las aseguradoras para financiar el incremento de la judicialidad del sistema implicaría un aumento del 80% en la alícuota promedio que pagan actualmente las empresas por la cobertura de ART. Es decir, pasar de la alícuota actual equivalente al 2,85% de la masa laboral a una alícuota promedio del 5,15% para atender la multiplicación de demandas y la desproporcionalidad de tasas que se aplican en las sentencias judiciales.

La litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo se disparó en los últimos años a pesar de la vigencia de la ley 27.348, sancionada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri y a la que ya adhirieron 18 provincias, que buscó resolver esa situación mediante la conformación de comisiones médicas administrativas, bajo la tutela de la Superintendencia de ART, y la integración de cuerpos médicos forenses en el fuero laboral. Sin embargo, en gran parte de las provincias las autoridades judiciales demoraron la conformación de los cuerpos médicos forenses y en muchos casos en los que esos cuerpos se integraron, se produjo un fuerte desfasaje entre la incapacidad determinada en instancia administrativa y la establecida en el ámbito judicial.

Al respecto, un dato clave del informe de la UART señala que el 91% de los juicios iniciados corresponde a casos en los que las comisiones médicas determinaron la inexistencia de incapacidad. En cambio, en esos mismos casos los cuerpos médicos dependientes de la Justicia determinaron grados de incapacidad promedio del 14%. Como ejemplo, el informe compara el funcionamiento de los cuerpos médicos en las provincias de Jujuy y Salta y su impacto en el nivel de litigiosidad: mientras ambos distritos registran índices de accidentes similares, la judicialidad en Jujuy alcanza el 113,8% mientras que en Salta ese índice apenas el 3%.

“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, aseguró Mara Bettiol, titular de la UART. Según describió la cámara, los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio. “Estos peritos establecen porcentajes de incapacidad según sus propios criterios, desvíos que son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, además, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de interés imposibles de ser financiadas”, agregó la UART.

Justamente a la situación de los cuerpos médicos forenses se suma la falta de unificación de criterios alineados con la ley vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de intereses en los juicios por parte de los tribunales inferiores en cada provincia. Algunos jueces aplican intereses basados en el RIPTE en diferentes versiones, otros actualizan por IPC o incluso por tasa activa, o suelen añadir porcentajes adicionales a cualquiera de esas variables. Ese desacople entre criterios de actualización cambiantes en el tiempo y contradictorios, no solo se registra entre tribunales de diferentes jurisdicciones, sino también entre instancias de una misma provincia o distrito.

Con ese cuadro y en medio de la apuesta del Gobierno para avanzar con la reforma laboral con el desafío, planteado por el presidente Javier Milei, de impulsar la formalización del empleo, las aseguradoras reclaman “incluir medidas que terminen con el flagelo de los juicios por riesgos del trabajo“. “Todos aquellos que tengan un rol en esta iniciativa deben tomar nota de nuestra mala experiencia: una buena ley, sin implementación adecuada en la Justicia, agrava el problema”, añadieron.